1. Falta de recursos: En ocasiones, las leyes se promulgan sin asignar suficientes recursos para su implementación efectiva. Esto puede resultar en falta de personal, presupuesto insuficiente u otros recursos necesarios para hacer cumplir la ley.
2. Corrupción: La corrupción puede socavar la efectividad de las leyes. Si los funcionarios encargados de aplicar la ley son corruptos o están involucrados en actos ilícitos, es probable que las leyes no se cumplan adecuadamente.
3. Falta de conciencia o compromiso: Es posible que algunas leyes no se cumplan debido a la falta de conocimiento o conciencia sobre su existencia. Además, si no hay un compromiso real por parte de la sociedad civil, las empresas y otros actores relevantes para cumplir con la ley, es probable que se convierta en letra muerta.
4. Desconexión entre la ley y la realidad: En ocasiones, las leyes pueden estar mal redactadas o no tener en cuenta los desafíos y realidades concretas que enfrenta la sociedad. Esto puede dificultar su aplicación efectiva y conducir a un incumplimiento generalizado.
Para la firma de abogados A&V Grupo Jurídico Especializado, es importante compartir con nuestros lectores esta breve reseña de algunas leyes relacionadas con el Derecho Laboral en Colombia y que por diferentes circunstancias no son aprovechadas en su totalidad para beneficio de los trabajadores:
La Ley 1955 de 2019 - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co) representa una de las reformas más importantes en la legislación laboral colombiana en los últimos años. Esta ley fue diseñada con el propósito de promover la formalización laboral y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.
En el Artículo 3 se establece que una de las finalidades de la ley es "garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales, promover el trabajo decente, la formalización y la productividad, y fomentar la inclusión laboral". Asimismo, el Artículo 13 establece que una de las funciones del Ministro del Trabajo es "administrar, supervisar y controlar el Sistema de Inspección del Trabajo, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas laborales". En el Artículo 19 se establece que la Inspección del Trabajo tiene como función "garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y la protección de los derechos laborales y sindicales".
Entre las disposiciones de la Ley 1955 se encuentra la obligación para las empresas de registrar a sus empleados de forma adecuada, brindándoles contratos de trabajo formales y garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales. Además, esta ley establece sanciones para aquellos empleadores que no cumplan con estas disposiciones, con el objetivo de desincentivar la contratación informal.
Esta ley no especifica medidas concretas tomadas para garantizar la formalización laboral. Sin embargo, se hace referencia a la inclusión laboral en el Artículo 195, que establece que todos los mecanismos, instrumentos, acciones y servicios que promuevan la inclusión laboral deberán implementarse a través de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo.
Además, el Parágrafo 3 del Artículo 11 menciona que el Ministerio del Trabajo reglamentará las condiciones y mecanismos para la acreditación de las entidades públicas certificadoras de competencias laborales. Estas medidas probablemente tienen como objetivo promover tanto la formalización laboral como el desarrollo de habilidades y competencias en la fuerza laboral.
Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, se ha observado que en la práctica no se está logrando la plena aplicación de la Ley 1955. Muchas empresas continúan empleando trabajadores de manera informal, evitando así cumplir con las obligaciones laborales establecidas por la ley. Esto crea una desigualdad en el mercado laboral, ya que los trabajadores informales no cuentan con la misma protección y beneficios que aquellos empleados que están formalmente contratados.
Ley para la reducción gradual de la jornada laboral:
Estos son los puntos clave:
- Objeto y mesas técnicas: La ley tiene como objetivo reducir la jornada laboral semanal de 48 42 horas, distribuidas en 5 o 6 días, garantizando el día de descanso. El Gobierno realizará mesas técnicas con gremios, sindicatos y demás grupos de interés para plantear alternativas que fortalezcan la productividad y solucionen las problemáticas del mercado laboral.
- Duración máxima de la jornada laboral: La ley modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, con algunas excepciones para labores insalubres o peligrosas, adolescentes autorizados para trabajar y turnos de trabajo sucesivos. También se permite la organización de jornadas diarias flexibles de trabajo, con un mínimo de 4 horas y un máximo de 9 horas diarias, sin recargo por trabajo suplementario.
- Implementación gradual: La ley establece que la disminución de la jornada laboral se podrá implementar de manera gradual por el empleador, de la siguiente manera: transcurridos dos años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas. Pasados tres años, se reducirá otra hora, quedando en 46 horas. A partir del cuarto año, se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas. Sin embargo, el empleador podrá acogerse a la jornada de 42 horas desde la entrada en vigencia de la ley.
- Derechos adquiridos de los trabajadores: La ley dispone que la reducción de la jornada de trabajo no implicará la reducción del salario ni de las prestaciones sociales, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores.
- Modificación extensiva y exoneración: La ley modifica todas las normas que se refieran a la jornada laboral semanal de 48 horas, para que se entienda como 42 horas. Además, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del artículo 3° de la Ley 1857 de 2017 y al artículo 21 de la Ley 50 de 1990, que establecen la obligación de dedicar una hora semanal a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.
En cuanto a los aspectos negativos de la Ley 2101 de 2021, algunos expertos han señalado que la reducción de la jornada laboral podría aumentar los costos laborales para las empresas, lo que podría llevar a una disminución en la contratación de nuevos empleados o a una reducción en los salarios de los trabajadores actuales. Sin embargo, otros expertos argumentan que la reducción de la jornada laboral podría aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la economía en general. La ley entró en vigencia el 15 de julio de 2021, por lo que actualmente se encuentra en proceso de implementación.
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador:
Decreto sobre política pública: El documento es un decreto emitido por el Presidente de Colombia y el Ministro de Trabajo para adoptar una línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral de los trabajadores adolescentes para el período 2019-2029.
Marco legal y conceptual: El documento presenta el marco legal y conceptual que sustenta la línea de política pública, basado en la Constitución, los convenios internacionales, las leyes y políticas nacionales, y los principios de protección integral y derechos humanos.
Objetivos y estrategias de la política: El documento define el objetivo general de la línea de política pública, que es prevenir y erradicar el trabajo infantil y garantizar el ejercicio pleno de derechos de los trabajadores adolescentes y sus familias.
También describe seis ejes estratégicos para la implementación de la política, con acciones específicas, actores e indicadores. Estos son:
1. Contexto y diagnóstico: Este eje se centra en el análisis de la situación del trabajo infantil y el adolescente trabajador en Colombia, identificando las causas y consecuencias, así como la caracterización de la población afectada.
2. Marco de política: Aquí se establecen los objetivos, principios, enfoques y estrategias de la política, y se definen las responsabilidades de los diferentes actores involucrados.
3. Marco de gestión: Se describen los mecanismos y la estructura que permitirán la implementación, seguimiento y evaluación de la política de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador.
4. Plan de acción: Se establecen las estrategias y acciones específicas que se llevarán a cabo para lograr los objetivos de la política. Estas acciones incluyen la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la adaptación de planes académicos, el fortalecimiento de instituciones, entre otros.
5. Finanzas: Aquí se describe el presupuesto necesario para la implementación de la política y se establecen los mecanismos para su financiación.
6. Seguimiento y evaluación: Se establece un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las estrategias y acciones implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario. A pesar de los avances legislativos, aún persisten casos de trabajo infantil en el país. Esto plantea la interrogante sobre la efectividad de la aplicación de esta ley y la necesidad de redoblar los esfuerzos para proteger a los niños y garantizar su derecho a la educación. Es fundamental que el Estado y la sociedad civil trabajen en conjunto para crear conciencia sobre esta problemática y fortalecer los mecanismos de prevención y protección de los derechos de los niños en el ámbito laboral.
Reforma laboral 2023:
Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta reforma favorece a los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. Se ha señalado que se han introducido cambios en las condiciones de contratación, permitiendo formas de empleo más flexibles que podrían afectar la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores. Además, se han planteado preocupaciones en relación con la falta de garantías para los trabajadores en términos de seguridad social y protección laboral.
Es fundamental que la implementación de esta reforma se realice de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores y garantizando que las empresas cumplan con sus responsabilidades laborales. Las autoridades deben promover un diálogo constante con los diferentes actores sociales, incluyendo a los sindicatos y otros representantes de los trabajadores, para asegurar que la reforma laboral sea una herramienta efectiva para promover un mercado laboral justo y equitativo.
En resumen, las leyes laborales en Colombia, como la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2101 del 2021, así como la reciente Reforma Laboral 2023, representan avances importantes en la protección de los derechos laborales y la promoción de un mercado laboral justo. Sin embargo, es evidente que algunas de estas normas no están siendo aplicadas de manera efectiva, lo que genera desafíos para la protección y promoción de los derechos laborales en el país.
Es necesario un análisis más profundo y acciones concretas por parte de las autoridades y la sociedad civil para garantizar que estas leyes sean cumplidas de manera efectiva. Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión y control, así como fomentar la educación y concienciación sobre los derechos laborales tanto entre los empleadores como entre los trabajadores.
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